Cada vez con más frecuencia y a través de determinadas actuaciones administrativas se aplican políticas que se entrometen en el ámbito privado de las familias, a pesar de que las administraciones no dejan de pedir a los padres que cumplan con su función educativa. Tres ejemplos de cómo el Gobierno, el Parlamento y los jueces se cuelan en los hogares españoles

Fuente: Forumlibertas 18/12/08

Tres ejemplos de cómo el Gobierno, el Parlamento y los jueces se cuelan en los hogares españoles.

Cada vez con más frecuencia y a través de determinadas actuaciones administrativas se aplican políticas que se entrometen en el ámbito privado de las familias, a pesar de que las administraciones no dejan de pedir a los padres que cumplan con su función educativa.

Tres ejemplos de este intervencionismo por parte del Estado los podemos ver en la reciente campaña del condón lanzada por el Ministerio de Sanidad; en la sentencia que condena a una madre a alejarse de su hijoy a la pena de cárcel por darle un bofetón; y en la intervención de la Xunta de Galicia en el caso de la escolarización de un niño autista que, al final, se ha quedado sin colegio.

Son tres casos que muestran como el Gobierno, el Parlamento y los jueces se cuelan en los hogares para intervenir en ámbitos que son propios de la familia y que plantean la siguiente cuestión: ¿Debe el Estado suplir el papel educador de los padres?

“Rollos con bombo”

El impacto de la campaña ‘Yo lo pongo Yo controlo’, que el Ministerio de Sanidad ha lanzado para evitar los embarazos no deseados y prevenir enfermedades de transmisión sexual, se está convirtiendo en el hazmerreír no sólo de los adultos sino de los propios jóvenes a los que va dirigido el mensaje El “tronko, yo no corono rollos con bombo” y demás expresiones utilizadas en el spot televisivo suenan a chiste, y no se corresponden en absoluto con el lenguaje real de la mayoría de los jóvenes y adolescentes de este país.

De hecho, ya hay expertos que hablan de que la campaña podría incluso producir el efecto contrario al que se busca, es decir el de fomentar las relaciones sexuales del ‘aquí te pillo, aquí te mato’.

Pero, además, la campaña del ministro Bernat Soria se inmiscuye de lleno en un terreno que no le pertenece: la educación de los hijos en un aspecto tan importante como es el de la afectividad. Y es que las campañas de educación sexual del Gobierno pueden ser un complemento a esa educación, pero no pueden suplir el papel educador de los padres.

De hecho, la publicidad del Ministerio de Sanidad, además de no corresponderse con la realidad, propaga un estilo de vida que ni es mayoritario ni responde al tipo de educación que la gran mayoría de padres quiere para sus hijos.

Así, por la vía de la comunicación, las campañas del Gobierno lo que hacen es debilitar la función educativa de los padres.

A la cárcel por un cachete

Un segundo ejemplo de cómo el Estado se inmiscuye en la labor educativa de los padres lo tenemos en la reciente sentencia que condena a una madre a 45 días de cárcel y a un año de distanciamiento de su hijo por haberle dado un bofetón.

María Saliente, de 37 años y sordomuda, se ve obligada así a ausentarse de su propio domicilio durante un año y 45 días y a separarse de David, su travieso hijo de 12 años que, el día del cachete, en que contaba con 10 años, había arrojado previamente a su madre una zapatilla.

El bofetón hizo que el niño se diera un golpe que provocó una lesión con sangrado de la nariz, pero sobre la que la madre no tuvo ninguna intencionalidad.

Sin embargo, juez y fiscal, con la ley en la mano, no han tenido en cuenta nada más, ni el hecho real ni las consecuencias de su sentencia, que al final ha creado un daño mucho mayor que el que pudo producir en su momento el propio bofetón.

Cabe resaltar que el problema arranca de la propia ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento, que modificó el texto anterior del Código Civil que preveía la posibilidad de “corregir razonable y moderadamente” a los niños siempre que, por ejemplo, una ‘colleja’ sirviera para evitar males mayores. No parece que suponga un gran problema para jueces y fiscales deducir la diferencia entre este tipo de bofetada y el castigo físico o agresión. “Todo el mundo distingue entre una colleja y una paliza”, dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a partir de la ley no hay diferencia entre las dos situaciones.

Algo parecido sucedió también en su día con la ley que fijaba la edad de emancipación del adolescente a partir de los 13 años, que al privar a los padres de su función educadora en este ámbito ha acabado generando más problemas que ventajas.

Por otra parte, no están exentos de responsabilidad el centro escolar del niño, que hizo la denuncia sin consultar antes con la madre y valorar la situación en su conjunto, así como otras organizaciones que han intervenido en el caso, como Save the Children.

La responsable del departamento de Protección de los Derechos de la Infancia de esta ONG, Pepa Horno, ha manifestado que “no es justificable la conducta de la madre” y que “no hay que olvidar que esta es una condena por maltrato, no por castigo”.

No es de la misma opinión el juez de Menores en Granada, Emilio Calatayud, quien considera que una bofetada a tiempo es una victoria. Calatayud se ha destacado por imponer sentencias ejemplares y con condenas educativas.

Autista y sin escolarizar

El tercer caso tiene que ver con la paradójica situación en la que se encuentra, en Vigo, un niño autista de 11 años al que el Gobierno de la Xunta quiso enviar, sin permiso de los padres, a un centro privado de educación especial y que se ha quedado ahora sin ese centro y sin el que tenía antes.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia se ha inhibido en ese caso y se ha declarado incompetente para juzgarlo. Así, mientras los padres y la Xunta andan en ese rifirrafe judicial, el niño ya lleva más de tres meses sin escolarizar a la espera de poder regresar a su anterior escuela.

En la respuesta que el TSJ de Galicia da a los padres, ante el recurso presentado por estos contra la decisión de la Consejería de Educación de la Xunta, el auto se remite a la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para deshacerse del asunto.

“Antes iba al psicólogo tres veces por semana y ahora lo hemos ampliado a cinco para que siga evolucionando”, dice Cecilio García, el atribulado padre al que su Gobierno no deja ejercer como tal.