Fuente:
Aceprensa (17 Septiembre 2009)
La Comunidad de Madrid ha anunciado
una próxima ley que dará
a los profesores el rango de autoridad
pública, análogo al que
tienen funcionarios como los jueces
o los policías. La intención
es dar un mayor respaldo formal a la
autoridad natural que por su oficio
les corresponde y protegerles contra
faltas de respeto, amenazas y agresiones
por parte de alumnos o padres. Estos
males se han multiplicado en los últimos
años, y los docentes los acusan
vivamente, incluso –no pocas veces–
con crisis de ansiedad o depresión.
La abundancia de comentarios con que
se ha recibido el anuncio muestra que
toca una fibra sensible, pues hasta
las opiniones contrarias a la medida
reconocen el problema aunque estén
en desacuerdo con la medida. Los testimonios
de profesores que cuentan sus penalidades
han alcanzado bastante difusión.
Algunos han propuesto diagnósticos
muy afilados, como José Sánchez
Tortosa en su libro El profesor en la
trinchera o Ricardo Moreno Castillo
en Panfleto antipedagógico y
De la buena y la mala educación.
Suelen señalar como factores
influyentes la desintegración
familiar y otros fenómenos de
origen social. Pero en general, coinciden
en echar buena parte de la culpa a la
reforma educativa de 1990 (mediante
la LOGSE, sustituida en 2006 por la
vigente LOE), que por las teorías
pedagógicas que le sirvieron
de inspiración favoreció
la relajación de la exigencia
académica y quitó a profesores
y directivos de los colegios poderes
para combatir la indisciplina.
Por ejemplo, Ricardo Moreno –y
otros profesores con él–
sostiene que la prolongación
hasta los 16 años de la enseñanza
obligatoria, combinada con el principio
de la “comprensividad”,
deja en las aulas a gran número
de alumnos sin interés por estudiar,
a los que no se da opción de
trabajar ni de pasar a la formación
profesional desde los 14. También
recalca que un difuso ambiente de desprecio
del conocimiento hace chicos proclives
a la violencia. Estos fenómenos
no son exclusivos de España.
Este verano ha sido un inesperado éxito
editorial en Bélgica un libro
del mismo estilo, Madame, vous êtes
une prof de merde! (Éditions
de l’Arbre). El título
transcribe la lindeza que cierto día
una alumna espetó a la autora,
Charlotte Charpot (seudónimo),
ex profesora alsaciana de 28 años
que ejerció en Francia antes
de trasladarse a una escuela de Bruselas.
Su relato de guerra incluye casi toda
clase de oprobios, sufridos ante la
laxitud de la dirección del centro
y la pasividad de padres incapaces de
imponer su autoridad. Finalmente, ella
decidió abandonar, “víctima
de presiones continuas, de un estado
de tensión permanente, de fatiga
moral y física”. Tras las
buenas ventas en Bélgica, la
obra empezará a ser distribuida
en Francia este mes.
Más autoridad
con más responsabilidad
Con la Ley de Autoridad del Profesor
que se prepara en Madrid se pretende
atajar desórdenes como los descritos.
Las consecuencias jurídicas serán
que los profesores gozarán de
presunción de veracidad, de modo
que en una disputa su palabra tendrá
más crédito, y los actos
de fuerza, intimidación o resistencia
graves contra ellos serán considerados
delitos, castigados con penas mucho
mayores que conductas semejantes contra
un ciudadano común. A cambio,
estarán sujetos a sanciones más
duras si abusan de su autoridad. La
iniciativa no carece de precedentes.
La Ley de Educación de Cataluña
otorga la condición de autoridad
a los directores de colegio, pero no
a los profesores. Otras dos comunidades,
Valencia y La Rioja, equiparan los profesores
a las autoridades públicas pero
con menos respaldo legal, pues lo hacen
en decretos sobre disciplina (llamados
de convivencia), que son normas de rango
inferior. El año pasado, la Fiscalía
General del Estado dio instrucciones
a los fiscales a que calificaran de
delito los ataques a profesores, al
igual que a una autoridad; pero eso
no vincula al juez. De todas formas,
se han dado sentencias que admiten la
equiparación. Como los precedentes,
la futura ley madrileña solo
se aplicará a los docentes de
la enseñanza pública,
que por cierto son los más necesitados
de protección. En los centros
privados, concertados o no, por lo general
hay menos problemas, entre otras razones
porque las familias los han escogido
expresamente, suelen conocer mejor y
aceptar más la política
de la dirección y es por eso
más frecuente que apoyen a directivos
y profesores. Para fomentar una unidad
de criterio semejante de escuelas y
padres en la red pública de Madrid,
por primera vez en el curso recién
iniciado, se pide a las familias conformidad
expresa con el decreto de convivencia,
del que tienen que entregar en el colegio
un ejemplar firmado. Una idea parecida
figura en el Libro Blanco sobre Educación
publicado a principios de verano por
el gobierno británico: los padres
tendrán que comprometerse por
escrito a corregir a sus hijos si perturban
el buen orden escolar
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